Por Rhina Guidos
WASHINGTON — Un análisis reciente del periódico The New York Times encontró evidencia de lo que muchas organizaciones católicas y otras entidades han advertido durante la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos: una propagación alta del coronavirus entre personas detenidas en instalaciones por violaciones de inmigración.
El periódico, en un informe del 25 de abril, dijo que las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE por sus siglas en inglés), tenían «una tasa de infección promedio cinco veces mayor que la de las prisiones y 20 veces mayor que la de la población general.
En los datos más recientes, la agencia ha reportado 12,000 casos de COVID-19 en sus instalaciones desde el inicio de la pandemia, que incluye el centro de detención en Otay Mesa.
En una declaración de abril de 2020, el obispo de El Paso Mark J. Seitz, el cardenal Joseph W.Tobin de Newark, Nueva Jersey, y el cardenal Álvaro Ramazzini de Huehuetenango, Guatemala, pidieron la liberación inmediata del mayor número de migrantes y solicitantes de asilo en detención, por temor a la propagación del virus dentro y fuera de los centros de detención de inmigrantes.
En aquel entonces, las organizaciones religiosas, que incluyen miembros católicos, como Faith in Action y el Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), pidieron medidas para frenar la propagación del virus en los campos de refugiados, refugios para migrantes y centros de detención y para brindar condiciones saludables a los migrantes y refugiados, acceso a prevención, pruebas y tratamiento para COVID-19.
Los defensores de los migrantes dijeron que les preocupaba la cercanía física de personas en centros detención y la falta de atención médica adecuada pusieran en peligro tanto a los detenidos como al personal de las instalaciones.
El informe del periódico señaló cómo brotes dentro de las instalaciones afectaron a la comunidad en las áreas circundantes donde se encuentran los edificios. Destacó el caso de una enfermera que se cree que contrajo el virus a través de su trabajo en un centro de detención, lo que finalmente la llevó a la muerte.
En datos compartidos el pasado enero, los últimos disponibles, un total de 571 personas en los siete centros de detención de inmigración en el estado California habían tenido pruebas positivas para el coronavirus. Este cifra incluye casos en el centro de Otay Mesa, dónde por lo menos una persona ha fallecido por COVID-19 entre las 300 personas en custodia ahí.
El obispo Seitz, cuya diócesis fue una de las más afectadas en el país, ha pedido repetidamente la liberación de los detenidos no violentos.
«Al mantener a los migrantes no violentos bajo custodia de inmigración, estamos poniendo a todos en peligro. Juntos, sé que podemos superar esta crisis», dijo en un comunicado el 7 de abril de 2020. «También invitó a los líderes de nuestro gobierno local a que se unan a mí para pedir a ICE un diálogo urgente sobre la necesidad de liberar a los infractores no violentos. Esto no puede suceder lo suficientemente pronto. Nuestras vidas dependen de ello».
En el brote más reciente que se ha reportado, una instalación de ICE de propiedad privada en Aurora, Colorado, informó el 27 de abril que 96 detenidos y un miembro del personal habían dado positivo por COVID-19.
