Las oficinas de la Diócesis de San Diego que atienden a inmigrantes y refugiados están haciendo todo lo posible para satisfacer sus urgentes necesidades en respuesta a las órdenes ejecutivas sin precedentes de la nueva Administración.
Una orden reduce el número de refugiados a ser reasentados en los Estados Unidos en más del 50 por ciento este año fiscal. La orden es un golpe devastador para los refugiados que han esperado años para restablecerse en este país. En Caridades Católicas de San Diego la orden llevará a reducciones de personal, según comentó su director.
Otra orden ejecutiva aumenta enormemente el número de inmigrantes indocumentados sujetos a detención prioritaria y deportación. Como respuesta, Caridades Católicas ha intensificado significativamente sus esfuerzos para educar a los inmigrantes sobre sus derechos y cómo prepararse para unaposible deportación.
Mientras tanto, el personal del Ministerio Social de la diócesis está colaborando con socios regionales para desarrollar un plan para ayudar a los inmigrantes indocumentados y a sus familias en caso de ser detenidos.
Según un estudio publicado en febrero por el Centro de Investigación Pew, alrededor de 170,000 inmigrantes indocumentados viven en la región metropolitana de San Diego.
La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., y los obispos de California, rechazaron las órdenes ejecutivas que aumentaron la aplicación de la ley de inmigración.
El obispo de San Diego, Robert McElroy, pidió a la comunidad católica que se oponga a las deportaciones masivas que, según él, van en contra de la enseñanza social católica y de los valores que los estadounidenses tienen.
En Caridades Católicas, el Departamento de Servicios para Inmigrantes ha intensificado su apoyo al público desde que el Presidente Trump emitió sus órdenes ejecutivas. Tan solo en marzo los miembros del personal han visitado los condados de San Diego e Imperial para celebrar cinco sesionesde información bilingüe, la mayoría de ellos realizadas en noches entre semana y los fines de semana.
El equipo, encabezado por su directora, Vanessa Ceceña, da los últimos informes sobre las órdenes ejecutivas, revisa los derechos legales de todos, incluidos los inmigrantes; y les dice a los inmigrantes indocumentados como pueden ir preparándose en caso de una posible detención y deportación.
A continuación, los miembros de la audiencia pueden hacer preguntas, o si lo prefieren, pueden hablar con personal acreditado o un abogado de inmigración individualmente después de la sesión.
Los inmigrantes, muchos de los cuales viven en familias con niños tanto legales como indocumentados, se les pide que consideren preguntas difíciles.
«¿Quién es un contacto de emergencia con estatus legal? ¿A quién puedo confiarle a mis hijos? ¿Quién puede ser su tutor? ¿Quién puede recoger mi último cheque de nómina? «, dijo Ceceña.
Los miembros del personal también ayudan a residentes permanentes legales a solicitar la ciudadanía y a tramitar las renovaciones de DACA, lo que están recomendando a los jóvenes a hacer.
Mientras tanto, otro departamento de Caridades Católicas reasentó a 57 refugiados en la región de San Diego entre el 3 de febrero -cuando un tribunal bloqueó la primera orden ejecutiva del Presidente Trump- y el 16 de marzo. Estas personas, la mayoría de las cuales habían sido investigadas porlos EE.UU. durante dos años, fueron principalmente de Irak y Afganistán y fueron reunidos con miembros de su familia que ya estaban aquí.
Caridades Católicas es fondeado por el gobierno federal para restablecer a estos refugiados, y es el segundo proveedor más importante de este servicio en el condado.
Una de las órdenes ejecutivas, que no ha sido impugnada por los tribunales, reduce el número de refugiados que los Estados Unidos recibirá este año fiscal de un total de 110,000 a 50,000.
Hasta mediados de marzo se habían permitido llegar a unos 38,000, dejando espacio solamente para 12,000 refugiados para el resto del año fiscal. El número que le fue asignado a Caridades Católicas de San Diego se redujo de 1,000 a 500 este año, dejando únicamente a 409 refugiados por llegarhasta finales de septiembre, según dijo su director, Robert Moser.
Aunque todavía está evaluando el impacto de esta orden, el director dijo que habrá despidos de personal dada la reducción de las llegadas.
