“¿A qué voy a regresar?”
Maribel Pacheco es una inmigrante de Honduras que llegó a San Diego en 1989. Ella considera qué haría si el permiso que ha tenido para vivir y trabajar legalmente en este país, conocido como “TPS”, es cancelado por el presidente Trump, como se espera para este verano.
“No hay nada para mi allá”, aseguró la madre soltera de tres hijos adultos.
Es parte de una población de alrededor de 300,000 inmigrantes de Centro América y de Haití que enfrenta un futuro incierto. Se unen a otra gran población de migrantes, unos 800,000 jóvenes, que perderá su permiso de DACA tras la cancelación de ese programa.
El personal de Caridades Católicas, parte de la Diócesis de San Diego, continúa trabajando horas extra para apoyar ambas poblaciones de cualquier manera posible.
Los jóvenes con DACA recibieron una noticia positiva el 10 de enero. Una corte federal en San Francisco temporalmente bloqueó la decisión de Trump de cancelar el programa a partir del 5 de marzo mientras que se continua la revisión de una demanda presentada por la Universidad de California, entre otras entidades. Justo días después, la agencia que administra DACA, conocida por sus siglas USCIS, anunció que comenzaría a aceptar solicitudes para renovar el permiso una vez más.
El departamento de Servicios para Inmigrantes de Caridades Católicas de San Diego inmediatamente comenzó a planear talleres a lo largo de la diócesis para procesar solicitudes de renovación del permiso DACA. El personal preparó un total de 53 solicitudes del 5 de septiembre al 4 de octubre del año pasado, el periodo que la Administración de Trump permitió para ese proceso tras anunciar la cancelación de DACA.
Inmigrantes con DACA que califican para la renovación pueden contactar a Caridades Católicas al teléfono (619) 287-1270 o al correo electrónico immhelp@ccdsd.org para hacer una cita para completar el proceso en San Diego y el Valle Imperial o asistir una taller en una parroquia o centro comunitario cerca de ellos.
Mientras tanto, la Administración Trump canceló el programa de Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para inmigrantes de Nicaragua, Haití y El Salvador, con la decisión pendiente sobre Honduras. La Administración les dio de seis a 18 meses para abandonar el país o enfrentar una posible deportación, dependiendo de su país natal.
La Iglesia Católica denunció la decisión de cancelar TPS, un programa humanitario que permite a ciertos inmigrantes a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo mientras sus países se recuperan de condiciones catastróficas. Alrededor de 200,000 de los 300,000 inmigrantes protegidos por este permiso son salvadoreños.
“Nosotros creemos que Dios nos llama a cuidar al extranjero y el marginalizado”, dijo el obispo José Vásquez de Austin, Texas, quien encabeza el Comité sobre Inmigración de la Iglesia Católica de Estados Unidos. “Nuestro país no puede darle la espalda a los que tienen TPS y a sus familias; también son hijos de Dios”.
La región de San Diego tiene relativamente pocos inmigrantes con TPS. La oficina local de Caridades Católicas ha procesado un puñado de solicitudes para renovar el permiso TPS y de trabajo en el último año, dijo su directora, Vanessa Ceceña. Para realizar el trámite, los migrantes deben cumplir con sus requisitos, pagar un cuota y someterse a una revisión de sus antecedentes.
Ella dijo que estos inmigrantes enfrentan una dura situación. La mayoría ha vivido en este país por más de 20 años y tiene raíces profundas aquí.
“Estos individuos son el sostén de la familia”, ella aseguró. “Tienen hijos que nacieron en Estados Unidos”.
Además, ayudan a mantener sus familiares en sus países natales. Los expertos temen que si llegará a faltar ese apoyo económico, la situación en cada país se volviera aún más precaria.
Se insta a los inmigrantes con TPS que acudan al personal de Caridades Católicas para ver si califican para cualquier otro alivio migratorio. En los casos que se han revisado localmente, sin embargo, no se ha identificado algún caso que tengan esa opción porque los migrantes no tiene un miembro de su familia que sea ciudadano y los pueda patrocinar.
Estos migrantes han expresado que regresar a sus países no es una opción para ellos, porque han construido una vida en los Estados Unidos.
Tal es la experiencia de Maribel Pacheco. Se arriesgó a venir a los Estados Unidos porque su familia vivía una pobreza devastadora en Honduras.
“A veces no teníamos para comer”, recordó.
En Estados Unidos encontró trabajo en hoteles y restaurantes y comenzó a enviar dinero a casa. En el 2001, recibió el permiso TPS, que le permitió vivir y trabajar legalmente. La madre soltera empezó a ganar más y pudo mejorar la calidad de vida de sus tres hijos, todos nacidos en Estados Unidos.
Por 17 años ha trabajado duro, pagado impuestos y obedecido las leyes. Su hijo mayor estudia con el fin de hacerse médico y su hija para hacerse terapista respiratorio. El menor acaba de graduarse de la preparatoria y contempla una carrera en las fuerzas armadas.
Todo apunta que la Administración de Trump cancelará TPS para hondureños este verano.
La madre planea buscar opciones para poder continuar su vida en este país.
“Tenemos que luchar”, dijo. “Regresar a mi país sería una catástrofe”.
