CIUDAD DE MÉXICO — Los miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden, instándolo «trabajar en estrecha colaboración con el gobierno mexicano para asegurarse de que se rindan cuentas por los asesinatos» de dos jesuitas en su parroquia y del guía turístico que estaban protegiendo.
La carta del 3 de agosto de 24 legisladores, todos demócratas, describió los asesinatos como «emblemáticos de la violencia desenfrenada que azota a muchas regiones de México y tiene un efecto devastador en el pueblo mexicano».
La carta pide a la administración de Biden «que trabaje en estrecha colaboración con el gobierno mexicano para garantizar una justicia rápida y completa por estos asesinatos y alentar la implementación de políticas para poner fin al ciclo de violencia».
Junto con un guía turístico llamado Pedro Palma, los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados el 20 de junio en su parroquia en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Un hombre armado había perseguido a Palma hasta la parroquia en el municipio de Urique y lo mató a tiros; luego disparó a los jesuitas mientras atendían a la víctima.
«Los miembros del clero son particularmente vulnerables a la violencia porque sirven a comunidades desfavorecidas donde el crimen es más frecuente. También actúan como pacificadores, mediando disputas entre pandillas en regiones con mínima presencia del gobierno», decía la carta. «Por estas razones, más de 30 sacerdotes han sido asesinados en México durante la última década, y muchos de estos asesinatos siguen sin resolverse».
Los asesinatos han causado indignación en la Iglesia Católica mexicana, que ha pedido al presidente del país que reconsidere sus políticas de seguridad. Los líderes de la iglesia también organizaron días de oración y conmemoración de víctimas de la violencia y la conversión de los victimarios durante el mes de julio.
«Reconocemos que somos parte de la familia mexicana, que vive el duelo de sus muertos», expresó la Conferencia Episcopal Mexicana, la Compañía de Jesús en México, y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México en un comunicado conjunto el 19 de julio.
«La memoria de los sacerdotes y desaparecidos en el país en los últimos años nos hace ver cuán vulnerables somos y el dolor que traemos como Iglesia. Pero también nos hace empáticos con las familias que han sufrido el asesinato o la desaparición de un ser querido», continuaba el comunicado. «De esta manera, reconocemos los esfuerzos realizados en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, y compartimos el dolor de esta tragedia que vive el país».
Un jefe del crimen local identificado como José Noriel Portillo Gil fue identificado como el sospechoso de los asesinatos y todavía está prófugo, aunque las autoridades federales dicen que 17 sospechosos — incluyendo familiares de Portillo — han sido arrestados.
Los asesinatos provocaron una respuesta vocal de la Iglesia sobre asuntos de seguridad, algo que, según observadores, ha estado un tanto moderado en México durante los últimos 15 años debido a que la violencia de los cárteles de la droga se intensificó, causando más de 20,000 muertes al año desde 2010 y dejando a más de 100,000 mexicanos desaparecidos.
Varios sacerdotes y obispos han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie su estrategia de seguridad de «abrazos, no balazos». El presidente ha respondido acusando a líderes católicos de ser manipulados por élites alineadas con sus oponentes políticos y de no seguir las enseñanzas del papa Francisco.
México registró 35,625 homicidios en 2021 — 28 por cada 100,000 habitantes — aproximadamente cuatro veces la tasa de homicidios de Estados Unidos, una disminución del 3.12 por ciento desde 2020, según el servicio estatal de estadísticas INEGI. López Obrador culpó de la alta tasa de homicidios a las políticas de seguridad de sus predecesores, que, según él, sumieron al país en una espiral innecesaria de violencia.
Aunque el presidente ha promovido «abrazos, no balazos», su enfoque de seguridad aún depende en gran medida de las fuerzas armadas, a las que se les han asignado mayores tareas de seguridad pública y administración civil desde que López Obrador asumió el cargo a fines de 2018.
La carta a Biden decía: «También lo alentamos a rechazar el enfoque militarizado del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el crimen organizado, que plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y no enfrenta la causa fundamental de la violencia: la cultura generalizada de la impunidad».
