Por Rhina Guidos
WASHINGTON — A pocas horas de tomar las riendas de la Asamblea Legislativa, nuevos legisladores afines al presidente salvadoreño Nayib Bukele votaron el 1 de mayo para destituir a cinco de los principales jueces del país, así como el fiscal general, quien se dice que está investigando corrupción por parte de miembros del gobierno.
Las acciones alarmaron a Washington y provocaron una rápida condena internacional. La Organización de Estados Americanos, funcionarios de la administración Biden, legisladores estadounidenses y observadores internacionales de derechos humanos, incluso la universidad jesuita en San Salvador, denunciaron las destituciones.
«Estoy perturbado y enojado por la nueva mayoría de la Asamblea Nacional del presidente Bukele que vota para remover a todos los jueces de la Sala Constitucional», dijo el congresista estadounidense Jim McGovern (D-Mass). «Seamos claros: esto no es democracia, esta es la destrucción de un poder judicial independiente y del estado de derecho».
Otro congresista Albio Sires (D-NJ) también publicó su reprensión e instó al gobierno estadounidense a tomar medidas.
«La destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional por parte de residente Bukele y sus aliados es un abuso del poder, un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo. Sí no se reconsidera, el gobierno de Estados Unidos debe disminuir la cooperación con su gobierno».
En un frenesí en Twitter después de que los acontecimientos fueron televisados por la televisión estatal y a través de Facebook, el presidente salvadoreño retuiteó imágenes de video de los jueces recién nombrados y un nuevo fiscal general siendo escoltados por la policía nacional tarde el sábado a sus oficinas. Y en una frase parecida a una que usaba el expresidente estadounidense Donald Trump, tuiteó «¡DESTITUIDOS!»
Los jueces destituidos se habían opuesto a medidas estrictas que el presidente había tratado de instituir durante la primera fase de la pandemia en el país. El medio de noticias digital El Faro ha dicho que el destituido fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, estaba investigando corrupción involucrando a dos de los altos funcionarios del gobierno.
Al remover a los jueces, Bukele, en esencia, tiene poder absoluto sobre las tres ramas del gobierno desde que las elecciones del 28 de febrero dieron a Nuevas Ideas, el partido que ayudó a fundar, una mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa del país.
En un documento difundido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Antony J. Blinken, el funcionario a cargo de las relaciones exteriores expresó su «seria preocupación» por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional e igual «preocupación con respecto a la destitución del fiscal general Raúl Melara, quien está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir la delincuencia tanto en Estados Unidos como en El Salvador».
En un comunicado del 1 de mayo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (conocida como la UCA), dirigida por los jesuitas, condenó rápidamente la medida, diciendo que se trataba de una acción que «dinamita la independencia de los poderes del Estado, propia de una democracia». Algunos sospechan que Bukele está tratando de alterar la Constitución para poder postularse de nuevo, ya que el país sólo permite un mandato de 5 años para un presidente.
«En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera», algo esperado o deseado pero imposible, dijo la universidad en el comunicado.
El día después de la destitución, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos expresó su «rechaza» de las destituciones.
«El más pleno respeto al Estado de Derecho Democrático es esencial», dijo el comunicado de la OEA. «Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del poder judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política».
El comunicado de la OEA instó a que el trabajo contra la corrupción y las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), órgano que trabajó con Melara, «deben continuar y ser profundizadas».
A principios de abril, el gobierno estadounidense anunció que había donado $2 millones a CICIES, un cuerpo creado conjuntamente por el gobierno de El Salvador y la OEA con el mandato de: «colaborar y cooperar con instituciones nacionales responsables de prevenir y enjuiciar casos de corrupción en El Salvador».
Parte de la estrategia del gobierno de Biden para frenar la migración de los países del llamado «Triángulo Norte», El Salvador, Guatemala y Honduras -de donde viene una parte grande de los migrantes a Estados Unidos- implica luchar contra la corrupción gubernamental. Pero los funcionarios de la administración Biden han tenido una relación tibia con Bukele, sin embargo, parece que Estados Unidos es el único control de su poder.
Cuando Bukele envió soldados armados a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, buscando que los legisladores aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares al que se habían opuesto, el padre jesuita José María Tojeira, director del instituto de derechos humanos de la UCA, en un noticiero del 15 de febrero, dijo que «quien detuvo el golpe de Estado, de hecho fue la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador».
Es difícil decir cómo responderá el presidente salvadoreño a los funcionarios estadounidenses con los que ha tenido encuentros poco amistosos.
La agencia de noticias The Associated Press reportó que justo antes de las elecciones legislativas de El Salvador en febrero, funcionarios de la administración Biden rechazaron una petición de último momento de reunirse con Bukele mientras estaba en Washington. El presidente salvadoreño ha negado el reporte en varias ocasiones, diciendo que sólo estaba de visita en la ciudad con su esposa e hija y que no andaba de negocios oficiales. Cuando un alto diplomático estadounidense a cargo del Triángulo Norte visitó El Salvador a principios de abril, Bukele se negó a reunirse con él.
Tras la destitución de los jueces, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó su «preocupación» a través de Twitter.
«La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas», tuiteó.
En respuesta al tuit de Chung, Orlando J. Pérez, decano de la Escuela de Artes y Ciencias Liberales de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, quien escribe sobre política en América Latina, dijo que esperaba que Estados Unidos emitiera una respuesta más fuerte.
«Espero que la ‘preocupación’ sea seguida por algunas acciones concretas. Porque @nayibbukele claramente no ha terminado con esto y no va a responder a la ‘preocupación'», escribió.
Tomando nota de la reacción global, el presidente salvadoreño compuso un tuit a «nuestros amigos de la comunidad internacional».
«Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca», escribió. «Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia».
A pesar de la condena internacional, el presidente recibió respaldo y adulación de salvadoreños dentro y fuera del país, y tiene uno de los índices de aprobación más altos entre presidentes en América Latina.
