(SAN DIEGO) — El cardenal Robert W. McElroy ha anunciado que la Diócesis de San Diego podría considerar declararse en bancarrota para garantizar que sus activos sean utilizados para compensar equitativamente a los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero.
El Cardenal lo anunció en una carta enviada a los párrocos el 9 de febrero (ver abajo). Esa misma noche se reunió con ellos y con los miembros de los consejos de finanzas parroquiales.
El Cardenal señaló que, en 2019, la Legislatura aprobó y el gobernador firmó la AB 218, un proyecto de ley que revivió los reclamos relacionados con el abuso sexual de menores y creó una ventana de tres años para presentar una demanda, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Esta fue la tercera vez que la Legislatura votó para reabrir el estatuto de limitaciones. Este año se presentó un cuarto proyecto de ley.
La ley se aplica por igual a las personas y las instituciones, así como a las organizaciones públicas y privadas. Esto incluye escuelas y universidades, organizaciones juveniles, gobiernos estatales y locales y todas las organizaciones religiosas, incluida la Iglesia Católica.
Durante esa ventana de tres años, se presentaron alrededor de 400 demandas contra la diócesis. El reclamo más antiguo involucra una acusación de 1945. Dos tercios de las reclamaciones involucran acusaciones que tuvieron lugar hace aproximadamente 50 a 75 años, entre 1945 y 1975. Ninguno de los sacerdotes acusados está actualmente en el ministerio; sólo cuatro siguen vivos.
No hay reclamos que involucren a sacerdotes diocesanos en este siglo.
“Esto es un claro reflejo de que la Iglesia ha tomado pasos agigantados para erradicar el abuso sexual de menores en su vida y promover la protección de los mismos”, aseguró el Cardenal McElroy en la carta.
“Aun así, la Diócesis debe enfrentar los asombrosos costos legales de responder a estas nuevas demandas”, menciona la carta.
En 2007, la diócesis resolvió reclamos con 144 sobrevivientes, todos los que se sabían en ese momento, por $198 millones, un promedio de casi $1.4 millones por persona. Si las 400 o más reclamaciones en 2023 se liquidaran por una cantidad de dinero similar, el costo superaría los $500 millones.
La diócesis simplemente no cuenta con los activos para ir a juicio o para liquidar las nuevas demandas, siendo la bancarrota una opción muy viable, expresó el Cardenal.
El Cardenal dijo que la solicitud de bancarrota de reorganización del Capítulo 11 sería realizada únicamente por la diócesis y no incluiría a las parroquias y las escuelas Católicas, cuyos activos se encuentran en sus propias corporaciones individuales.
Sin embargo, para protegerse de futuras demandas, las parroquias pueden querer contribuir al costo de un acuerdo diocesano. Si la diócesis elige la bancarrota como opción, las parroquias (y las escuelas parroquiales) tendrán sus propios abogados para representar sus intereses, aparte de los abogados contratados por la diócesis.
Los donativos de la Colecta Católica Anual (ACA, por sus siglas en inglés) son para propósitos específicos, en particular escuelas Católicas, formación en la fe, Caridades Católicas y formación y apoyo al clero. Todas las contribuciones de ACA se mantienen en una cuenta bancaria separada para ser utilizadas únicamente para los fines designados.
La Fundación de la Comunidad Católica de San Diego y Caridades Católicas son corporaciones separadas y no se verán afectadas por una quiebra diocesana.
No se tomará una decisión sobre una posible bancarrota diocesana hasta junio como muy pronto.
