WASHINGTON — Grupos que apoyan a inmigrantes han presentado una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, señalando que una enfermera ha presentado denuncias detalladas de histerectomías masivas que, según ella, se han realizado a mujeres inmigrantes detenidas en una instalación de inmigración en Georgia.
Los grupos explican que una enfermera que trabajaba en el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia, dijo que la instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (o ICE por sus siglas en inglés) fue el lugar de los procedimientos que, según ella, se llevaron a cabo y que las mujeres, quienes hablaban poco o nada de inglés, puede que no hayan entendido lo que les estaba pasando. Este centro de detención es administrado por la compañía privada de prisiones LaSalle South Corrections.
Varias agencias de noticias han identificado a Dawn Wooten como la enfermera, quien también habló públicamente de las condiciones de negligencia para lidiar contra el COVID-19 en la instalación, en una denuncia presentada el 14 de septiembre.
En una conferencia de prensa del mismo día, organizada por Government Accountability Project y Project South (Proyecto de Responsabilidad Gubernamental y Proyecto Sur), quienes presentaron la queja y publicaron sus comentarios en línea, Wooten reveló que expresó su preocupación por que los trabajadores no tenían el equipo de protección personal adecuado o suficiente. También preguntó por qué a los detenidos no se les hacía la prueba del COVID-19. Dijo que fue degradada de cargo cuando comenzó a preguntar: «¿Por qué?»
Como madre soltera, decidió hacer público lo que estaba pasando porque las mujeres «tienen vidas, tienen familias», declaró.
Otros grupos locales que la respaldaron fueron Georgia Latino Alliance for Human Rights (Alianza Latina de Derechos Humanos de Georgia), South Georgia Immigrant Support Network (Red de Apoyo a Inmigrantes de Georgia del Sur), y Georgia Detention Watch (Vigilancia de Detención de Georgia), quienes también se han sumado a la denuncia.
ICE ha dicho que no comenta sobre asuntos pendientes ante el inspector general.
Inmediatamente después de la conferencia de prensa, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Georgia, Robert Trammell, Jr., un demócrata de Luthersville, envió a la Junta de Enfermería de Georgia y a la Junta Médica Compuesta de Georgia una carta «para solicitar la suspensión inmediata de licencias de los proveedores nombrados en la acusación denunciante, pendiente de una investigación completa por parte de sus oficinas».
Las organizaciones católicas expresaron su indignación por las acusaciones y dijeron que querían acción y respuestas.
«¡Las acusaciones de la Sra. Wooten y las mujeres que fueron detenidas son impactantes!» expuso la hermana Simone Campbell, directora ejecutiva del grupo de iniciativa católica de justicia social Network.
La supuesta «esterilización forzada de inmigrantes y refugiados por parte de agentes de ICE es una perversa violación de mi fe católica, la ley de nuestro país y los derechos humanos internacionales», expresó la hermana Campbell. «Es la antítesis de una postura pro-vida. Las víctimas de estos crímenes deben ser protegidas, y los perpetradores y sus facilitadores deben ser considerados responsables».
La hermana Campbell culpó de las presuntas acciones al presidente Donald Trump, calificando su retórica «deshumanizante» y «racista» y describiendo el centro de detención como «un campo de concentración experimental creado con dinero de los que pagan impuestos».
«El mundo se está dando cuenta de los horrores en estas acusaciones a ICE. Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva, y transparente sobre las denuncias de acusadores que alegan negligencia médica y, de hecho, genocidio contra inmigrantes detenidos en centros de detención estadounidenses», dijo Lawrence E. Couch, director del Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor.
«¿Quién inició estas políticas? ¿Quién las llevó a cabo? ¿Quién las encubrió?» preguntó. «Los estadounidenses no lo tolerarán, ni tampoco nuestra democracia».
Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc. (Red Católica de Inmigración Legal, Inc.), conocido como CLINIC, explicó que «valorar a las personas como ‘menos que (otras)’ va en contra de nuestro valor católico y de la dignidad humana».
Gallagher pidió una investigación completa e inmediata de las acusaciones de histerectomías forzadas, calificando esto como «el mayor acto de violencia contra la mujer».
