Por Rhina Guido
SAN SALVADOR, El Salvador — Miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) participaran una reunión de emergencia con prelados de Centroamérica y representantes del Vaticano el 1 y 2 de junio en Chicago, para establecer una vía para la respuesta de la Iglesia estadounidense a la inmigración.
La reunión se lleva a cabo cuando partes de América Latina se han visto muy afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19, el cambio climático, y los conflictos políticos emergentes.
La reunión incluye representantes de la Sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano, obispos de América Central y México, así como los cardenales estadounidenses Blase J. Cupich de Chicago y Joseph W. Tobin de Newark, Nueva Jersey. También estarán presentes, entre otros, Mons. Mark J. Seitz, obispo de El Paso, Texas, y Mons. Mario E. Dorsonville, obispo auxiliar de Washington.
Se espera también que el arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez, presidente de la USCCB, esté presente en la reunión.
«Esperamos llamar la atención sobre algo que afecta a toda la Iglesia», expresó el obispo Seitz en una entrevista telefónica el 26 de mayo con Catholic News Service.
Idealmente, las diócesis de todo el país deberían estar pensando en su respuesta a los migrantes, encontrando formas de apoyar a aquellos que se presentan entre ellos porque responder a los vulnerables es parte de la misión que el Evangelio encomienda a los cristianos, sostuvo el obispo Seitz.
«Creo que la Iglesia necesita tener un magisterio claro y una voz moral (sobre inmigración), al igual que hacemos con el aborto y otros temas», agregó el obispo.
Bill Canny, director ejecutivo de los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB, dijo que la conferencia de obispos, así como las organizaciones católicas y otras organizaciones que trabajan con migrantes, expresan su preocupación de que «nuestro país no ofrece a estas personas una bienvenida cálida».
A diferencia del reasentamiento de refugiados, donde las agencias, con fondos gubernamentales y privados, trabajan juntas para integrar a los recién llegados a una comunidad, los solicitantes de asilo — como los que han aparecido en números cada vez mayores en la frontera sur — reciben servicios «centrados en el cumplimiento de la ley, asegurándose de que vayan a sus ‘check-ins’», pero hay poco en términos de servicios, señaló Canny a CNS en una entrevista el 27 de mayo.
Si bien necesitan apoyo legal, ellos también necesitan comida, vivienda, y educación; sin embargo, a menudo son liberados para ir a vivir con familiares en condiciones de hacinamiento y, a veces, por debajo de los estándares de vida, expresó Canny, y reciben poco apoyo para adaptarse a sus nuevas comunidades mientras esperan el largo proceso de resolver sus casos.
También existe una preocupación urgente sobre cómo podría verse el panorama para los solicitantes de asilo en el país si la administración de Joe Biden elimina lo que se llama Título 42 del Código de los Estados Unidos que rige «Salud Pública y Bienestar».
La administración de Donald Trump usó la política durante la pandemia de COVID-19 para instruir a los agentes de la Patrulla Fronteriza que expulsaran a cualquier persona indocumentada sorprendida tratando de ingresar a Estados Unidos en lugar de procesarla según la ley de inmigración existente. Esta previsión ha permanecido vigente bajo la administración de Biden.
Los líderes religiosos han estado pidiendo a los funcionarios su suspensión. Aunque es difícil predecir lo que sucederá si el Título 42 desaparece, algunos dicen que podría significar un incremento de migrantes queriendo entrar a los EE.UU.
Parte de enfrentar ese desafío significa traer obispos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, y Honduras, así como de México, con sus contrapartes de la USCCB para compartir ideas y experiencias de migración, así como posibles soluciones desde la perspectiva de los países de donde provienen muchos de los migrantes a Estados Unidos, estableciendo relaciones con ellos.
«Tienen un tremendo conocimiento sobre el terreno de estos países de partida y de tránsito», expuso el obispo Seitz. «Lo que estamos tratando de ver es qué podemos hacer para ayudarlos a abordar las causas por las que las personas emigran. La Iglesia dice que las personas tienen derecho a migrar, pero también tienen derecho a quedarse en casa».
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute en El Paso, en una llamada del 25 de mayo con CNS, dijo que la variedad de experiencias está en consonancia con la urgencia «de que la Iglesia envíe un mensaje moral sobre el desplazamiento humano, a medida que salimos de la pandemia».
Es la primera de las nuevas formas de trabajar a través de las fronteras, elaborando no solo una respuesta regional sino continental a las consecuencias que resultarán debido al costo que el COVID-19 ha dejado en las Américas, señaló.
«Esta es la Iglesia diciendo: ‘Tenemos que enfrentar este momento. ¿Cómo podemos lograr que la Iglesia trabaje más allá de las fronteras para lograr una mayor colaboración? ¿Cómo puede ser esta una oportunidad para que la Iglesia se una para enfrentar la urgencia de lo que está sucediendo? Es una oportunidad para que la iglesia reciba a Cristo en el extranjero», dijo.
La reunión de obispos se lleva a cabo días antes de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite Guatemala y México el 7 y 8 de junio. La visita es parte del plan para establecer la política de Estados Unidos en la región, que tiene como objetivo evitar la migración, principalmente desde el Triángulo Norte, comenzando por mejorar las condiciones de los migrantes en sus países de origen.
Sin embargo, una ola emergente de autoritarismo y corrupción contínua ha interrumpido la tarea que el presidente Joe Biden le ha confiado a Harris.
Parte del plan propuesto por la administración es aumentar la ayuda exterior para fortalecer a los «países emisores», proporcionando dinero para crear trabajos, pero también eliminando la corrupción. Sin embargo, la administración anunció recientemente que estaba redirigiendo dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destinado al gobierno de El Salvador debido a «preocupaciones sobre transparencia y responsabilidad».
Funcionarios gubernamentales de El Salvador, así como de Honduras y Guatemala, han estado en la mira de funcionarios estadounidenses por sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
