WASHINGTON — A mediados de enero, una mobilizacion de centroamericanos se lanzó a pie, principalmente desde Honduras, Guatemala y El Salvador, con destino al norte en lo que ahora se ha convertido en un fenómeno de inmigración al que se llama la caravana migrante.
Es el segundo movimiento masivo, similar al que ocurrió a inicios de 2019 en la ruta hacia Estados Unidos –en el cual algunos iban escapando de la violencia, las represalias políticas, los efectos del calentamiento global en sus vidas diarias u otras condiciones en su tierra natal.
Aunque es difícil saber cuántos llegaron a su país de destino el año pasado, este año el grupo enfrenta obstáculos más que un muro en la frontera sur de EE.UU., y enfrenta algo que se ha convertido en una serie de barreras diferentes colocadas por la administración Trump por medio de acuerdos con líderes de México y algunos gobiernos centroamericanos.
Buscando contener el flujo de migrantes hacia la frontera sur de EE.UU., el presidente Donald Trump se dirigió el año pasado a los líderes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, amenazando a algunos de ellos con retirarles la ayuda estadounidense, a otros con sancionarlos en las políticas comerciales si ellos no aceptaban ciertas medidas para detener a los migrantes que parten o pasan por sus respectivos países.
Por ejemplo, después de ser amenazado con aranceles a los productos mexicanos que ingresan a EE.UU. si el número de migrantes que llegan a la frontera sur no bajaba, el presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador adoptó una postura más severa en cuanto a la inmigración. Reorientó a los miembros de la Guardia Nacional de México que luchaban contra los carteles de la droga –el mayor problema de su país– y los puso en cambio a disuadir a los inmigrantes.
Recientemente, las autoridades mexicanas utilizaron la fuerza física y aerosol de pimienta para evitar que algunos de ellos crucen desde Guatemala, generando indignación –incluso de líderes de la Iglesia Católica en cuanto al uso de la fuerza.
Por Twitter, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, México, pidió el 23 de enero que cese el uso de «la fuerza excesiva» contra «nuestros hermanos y hermanas centroamericanos», concluyendo su mensaje con un «basta».
Pero lo que otros denunciaron, los miembros de la administración Trump elogiaron.
Chad F. Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (D.H.S.) elogió al gobierno mexicano el 22 de enero en un comunicado por lo que calificó como «su compromiso de aumentar la seguridad y la aplicación de la ley en su frontera sur».
«Hasta el momento los esfuerzos por parte de la Guardia Nacional Mexicana y otros funcionarios, han sido efectivos para mantener la integridad de su frontera, a pesar de los estallidos de violencia y desorden por parte de personas que están intentando entrar ilegalmente a México en su ruta hacia Estados Unidos», dijo Wolf en el comunicado.
«DHS está monitoreando de cerca la caravana, tenemos decenas de empleados en suelo centroamericano asistiendo a los funcionarios locales de seguridad e inmigración –dijo– lo cual ha llevado a que ya cientos de individuos sean rechazados, detenidos y enviados de regreso a sus países de origen».
Dirigiéndose a los migrantes en su comunicado, Wolf dijo que «ser parte de un grupo grande, como una caravana, no ofrece un trato especial o beneficios a los que la conforman».
«Desafortunadamente, ha habido actos de violencia reportados por algunos involucrados en esta caravana», continuó. «El departamento le está dando prioridad a la protección y seguridad de nuestros funcionarios y los estadounidenses. Si algún miembro de la caravana llega a la frontera entre México y EE.UU., serán procesados debidamente y rápidamente removidos, regresados y repatriados».
A mediados de diciembre, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, en una entrevista con el programa de noticias de la emisora CBS «60 Minutes», dijo que había llegado a un acuerdo con la administración Trump para acoger a personas de otros países que buscan asilo, dejándolos permanecer en El Salvador, a pesar de que el país no estaba preparado para hacerlo.
Reconoció que es dificil mantener seguros a sus propios ciudadanos.
Pero estaban en juego unos 51 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos a El Salvador. EE.UU. también acordó que el Departamento de Estado de EE.UU. bajara el nivel de amenaza para aquellos interesados en viajar a El Salvador –una medida que le ha impedido a muchos grupos, incluso a muchos grupos católicos visitar el país–, el cual está afectado por la violencia pandillera.
El ex presidente de Guatemala, quien recientemente concluyó su mandato, también realizó un acuerdo con la administración para designar a Guatemala como «un tercer país seguro», lo que significa que los migrantes que pasan por Guatemala en camino al norte, primero deben pedir asilo allí, en vez de dirigirse a EE.UU.
Un acuerdo similar supuestamente se ha hecho con Honduras, aunque se conoce menos sobre el mismo ya que el actual presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, ha sido implicado en un caso de lavado de dinero y tráfico de drogas en una corte estadounidense.
Así como El Salvador y Honduras, también Guatemala, es considerado como uno de los países más peligrosos (que no está en guerra) a nivel mundial –y una poderosa razón que impulsa a muchos ciudadanos de esos países a huir.
Aunque tal vez no pueda cumplir su promesa de construir un muro físico en la frontera entre EE.UU. y México para cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, Trump sin embargo ha logrado construir –al menos temporalmente– un conjunto de muros usando duras acciones políticas contra los políticos al sur de la frontera.
Es una medida que hace reflexionar a muchos en la Iglesia Católica y en organizaciones humanitarias –desde Centroamérica a México– a quienes les preocupa cómo esas políticas impactan a los derechos humanos de los inmigrantes.
El Consejo Noruego para Refugiados (Norwegian Refugee Council), una organización humanitaria que ayuda a las personas que se ven obligadas a abandonar su país, ha publicado una hoja informativa sobre el movimiento masivo. La misma indicó que más de 4,000 personas habían salido en la más reciente caravana el 15 de enero, la cual empezó en San Pedro Sula, Honduras. Pero para el 19 de enero, sólo 2,500 habían llegado a Tecún Umán, Guatemala, que hace frontera con México.
El gobierno mexicano –en particular el presidente López Obrador– ha sido ampliamente criticado por la respuesta dada, ya que en lugar de los trabajos, asilo y seguridad que prometió brindarles a los migrantes que pasan por México, ha desplegado un show de fuerza compuesto por la Guardia Nacional equipada con escudos.
El consejo noruego expresó en un comunicado referente a la actual situación de la caravana que «la protección de los solicitantes de asilo es una preocupación fundamental» y los gobiernos tienen que otorgar «el derecho a presentar su caso asilo ante las autoridades de migración» de los Estados Unidos en México.
«Para aquellos que buscan protección internacional, la posibilidad de no llegar a su destino y ser deportados de inmediato para enfrentar la violencia y persecución de la cual huyeron, es horrible, traumática e increíblemente dolorosa», dijo la organización en un reporte de enero en español que documenta la caravana a inicios del 2020.
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