El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado una ley que incrementa significativamente el número de víctimas de abuso sexual infantil que pueden presentar una demanda contra los responsables del delito y las organizaciones privadas y agencias públicas que los emplearon, incluyendo escuelas públicas.
La ley que el gobernador firmó el 14 de octubre, conocido como Assembly Bill 218 (AB 218), fue patrocinada por la asambleísta Lorena González-Fletcher de San Diego, y entra en vigor el 1 de enero. La ley vuelve a abrir el estatuto de limitaciones para demandas relacionadas con el abuso sexual de menores. La «ventana» se volverá a abrir en enero de 2020 y permanecerá abierta durante tres años.
Mientras tanto, la Diócesis de San Diego continúa enfocándose en apoyar a víctimas y sus familiares. En su iniciativa más reciente, la diócesis está patrocinando un Programa de Compensación Independiente que ofrece a víctimas-sobrevivientes de abuso sexual infantil cometido por parte de un sacerdote diocesano una manera confidencial y gratuita para presentar un reclamo contra la diócesis. Las víctimas pueden presentar un reclamo sin importar cuándo fue que el abuso ocurrió. Los encargados del programa aseguraron que la mayoría de los reclamos que califique recibirán su compensación en 90 días o menos.
“Ninguna cantidad de dinero puede compensar a las víctimas el mal hecho por el abuso sexual sacerdotal, pero podemos y debemos terminar el trabajo de compensar a las víctimas sobrevivientes por el mal que les hicieron sin importar cuándo fue que ocurrió”, dijo el Obispo Robert McElroy el mayo pasado, cuando anunció la creación del programa.
La propuesta de ley cubre reclamos en contra de todas las organizaciones privadas, incluyendo las diócesis católicas, y la mayoría de las agencias públicas en California, a excep- ción del gobierno estatal y los sistemas universitarios del estado.
La nueva ley también le da a los sobrevivientes más tiempo para presentar su demanda: hasta su cumpleaños número 40, en comparación con el actual estatuto cuyo cierre es en su cumpleaños 26; o dentro de cinco años (anteriormente eran tres) desde la fecha en que descubrieron una lesión psicológica de adulto causada por la agresión sexual infantil.
El Obispo Auxiliar John Dolan comentó que la Diócesis de San Diego no se opuso a la ley, pero junto con otras diócesis de California, sí buscaron hacer cambios que hubieran asegurado que ninguna víctima quedará fuera. “Mientras que la ley aumenta significativamente el número de víctimas que pueden identificarse, especialmente personas que fueron abusadas en escuelas públicas, la ley no revive reclamos contra el gobierno estatal o los sistemas universitarios estatales”, señaló el Obispo Auxiliar. “Esperamos que esto se aborde en la futura legislación.
“Nuestra esperanza es que todas las víctimas de abuso sexual infantil puedan abordar y resolver su dolor y sufrimiento”. Agregó que la nueva ley no tendría ningún efecto en el Programa de Compensación Independiente administrado por los respetables abogados Kenneth Feinberg y Camille Biros. Su meta es lograr acuerdos con víctimas que califiquen dentro de los primeros 90 días después de haber ter- minado con su proceso de solicitud. Las víctimas que rechacen una oferta pueden presentar una demanda en corte.
El programa permanecerá abierto a cualquier víctima sobreviviente que crea que fue abusada por un sacerdote de la Diócesis de San Diego y quien previamente no ha resuelto su reclamo. Información sobre el programa en inglés, español y vietnamita, junto con indicaciones de cómo hacer un reclamo, se encuentra en californiadiocesesicp.com.
Comenzando en 2003, la diócesis implementó reformas radicales en parroquias y escuelas para prevenir el abuso y apoyar a las víctimas sobrevivientes. Estas incluyen una política de “cero tolerancia”, por ejemplo, la destitución permanente de todo sacerdote que haya abusado de menores o adultos vulnerables; una revisión de antecedentes de todo el clero, maestros, personal y voluntarios que trabajan con niños; capacitación anual para un Medio Ambiente Seguro para todos los estudiantes en escuelas católicas y clases de religión; y entrenamiento para todo el clero, maestros, personal y voluntarios para identificar y prevenir el abuso.
Gracias a un cumplimiento estricto a esas reformas, la diócesis no ha tenido un incidente confirmado de abuso sexual de un menor por parte de ninguno de sus sacerdotes en los últimos 20 años, según lo que se muestra en los records más actuales. (Detalles sobre el Programa de Ambiente Seguro de la diócesis se encuentran en la página safeinourdiocese.org.)
The Southern Cross
